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El sector de la caza y Asaja reclaman modificaciones en la Ley de Patrimonio Natural |
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“Nuestros antepasados ya cazaban y ahora nos lo quieren restringir a
punta de bolígrafo”, sostuvo ayer el presidente de la Federación de
Caza de Castilla-La Mancha, Simeón Lalanda, que calificó de “muy
restrictiva” la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad recientemente
aprobada en el Congreso de Diputados y para cuya elaboración no se ha
tenido en cuenta la opinión de los cazadores, que “son los verdaderos
conservadores” del medio ambiente, destacó por su parte el responsable
de la Asocaciación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y
la Conservación del Medio Ambiente (Aproca), Luis Fernando Villanueva.
Tampoco se ha recabado la opinión de los propietarios de las fincas y
terrenos, agregó Villanueva, para quien la manifestación en la que
Aproca y la Federación de Caza, junto a Asaja y Atica, participarán el
próximo 1 de marzo bajo el lema ‘Por el campo, la caza y la
conservación’ debe de significar “un antes y un después”, de manera que
el Gobierno no legisle sin escuchar a los sectores afectados, el
cinegético y agrícola, de gran importancia económica tanto en la región
como en el país.
Villanueva reiteró que la caza tiene que verse como un elemento
conservador de los espacios naturales porque los cazadores son los
primeros interesados en el mantenimiento del entorno y calculó que en
torno a unas 25.000 personas de Castilla-La Mancha acudirán a la
manifestación en Madrid.
“Intervencionista”
De “intervencionista” calificó la ley el presidente de la Asociación de
Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades Afines a la Caza (Atica),
Fabián Garbelo, que indicó que con la normativa el Estado se reserva el
drecho de alterar los planes cinegéticos de las fincas.
Garbelo, que resaltó que su asociación no sólo representa a titulares
de cotos y cazadores, sino también a armeros, taxidermistas y empresas
cárnicas relacionadas con el sector, lamentó que no se haya dejado
tiempo para poner en el mercado alternativas al plomo como munición de
caza y criticó, así mismo, que para la elaboración de la normativa no
se diera participación a los afectados, cuando la caza, más allá de ser
un medio de ocio, se trata de “una actividad económica muy importante
en la actualidad”.
El temor a que las medidas contempladas en la Ley de Patrimonio Natural
puedan hacer infructuosas inversiones realizadas en las áreas
cinegéticas está presente, apuntó Garbeló, que cree que podría
producirse una importante paralización en este tipo de actividad.
Así mismo, se halla por parte de los propietarios de los terrenos el
miedo a que, en lugar de por el precio del mercado, sus propiedades
puedan ser expropiadas por el valor catastral, a lo que se suma la
cláusula de tanteo que se reserva la Administración de manera que si se
produce una compra-venta de terrenos deberá ser comunicada al Estado,
que tendrá un año para decidir si quiere adquirirlos, agregó por su
parte el responsable de Asaja, Agustín Miranda.
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